El sistema judicial es un componente esencial de toda democracia, y la UE tiene el deber de garantizar que todos los Estados miembros se adhieran al Estado de Derecho. Algunos Estados miembros podrían no adherirse a los principios básicos de la democracia y los derechos humanos, lo que, de hecho, puede socavar toda la misión de la UE. Obviamente, la UE debe garantizar activamente que todos los Estados miembros mantengan un sistema judicial independiente.